Cuando el trabajo deshumaniza: recuperar el rostro perdido en medio de la violencia

Cuando se borra el rostro del otro, comienza la violencia. En esta columna, la especialista Solange Beltrán Rubilar reflexiona sobre la deshumanización en los entornos laborales y sus consecuencias psíquicas. A través de su experiencia forense y clínica, advierte que nombrar el maltrato es el primer paso para recuperar dignidad y justicia.

Por Solange Beltrán Rubilar. Magíster en psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad de Concepción. Especialista en cumplimiento normativo psicosocial

Hay algo profundamente revelador y doloroso en tener que hablar de “espacios humanos de trabajo”. Si somos humanos quienes trabajamos, ¿por qué debe recordarse? ¿Cuál es la razón por la que lo humano debe ser reivindicado como si fuese un atributo opcional y no una esencia?

En muchos espacios laborales, la persona deja de ser sujeto y se transforma en medio, en cifra, en “recurso humano”. Y es precisamente cuando el otro deja de ser visto como persona que se borran su historia, su sensibilidad y sus límites, habilitándose así la violencia: el maltrato cotidiano, el hostigamiento, el acoso sexual o la exclusión se vuelven posibles, incluso normalizados.

Un computador, una máquina, una herramienta: todos tienen límites de uso. Sin embargo, en muchos entornos laborales, las personas no. Esta paradoja revela una profunda deshumanización: el trabajador deja de ser sujeto y se convierte en instrumento. La cosificación del otro habilita el maltrato, el abuso, la agresión tanto vertical como horizontal.

La violencia no proviene exclusivamente de líderes tóxicos. Muchos casos muestran agresiones entre pares, entre compañeros. Este fenómeno, conocido como violencia horizontal, está reconocido en la literatura psicosocial y también en la legislación chilena reciente, como la Ley 21.643 (Ley Karin), que refuerza la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual.

Quienes trabajamos con personas víctimas de violencia laboral y vulneración de derechos fundamentales en contextos judiciales, psicojurídicos o de reparación del daño psíquico, observamos un patrón común que se repite: la culpa, la vergüenza y la negación inicial del daño.

Las víctimas comienzan a relatar situaciones de hostilidad sistemática, humillaciones públicas, exclusión deliberada y, en algunos casos, incitación al suicidio. Lo que al principio parecía “una mala relación laboral” se revela, con el tiempo, como una vivencia profundamente destructiva.

En la práctica clínica y forense se utilizan instrumentos como el LI-PT 60 (Leymann Inventory of Psychological Terrorization) y la Escala Cisneros para medir la exposición a conductas de acoso psicológico, además de entrevistas clínicas, revisión de antecedentes previos a la evaluación y observación directa.

Estos instrumentos, en conjunto con la estrategia evaluativa aplicada, permiten objetivar conductas como el hostigamiento sistemático, la sobrecarga intencional, el bloqueo comunicacional o la burla en público.

Es importante aclarar que, en algunas ocasiones, las personas encuentran dificultades para asignar una puntuación precisa a los ítems de estos instrumentos. Ello no se debe a falta de comprensión, sino a que muchas veces han naturalizado esas experiencias. Posteriormente, al detallar sus relatos, emergen elementos que muestran una mayor gravedad de lo vivido.

Por ejemplo, en los instrumentos mencionados, una persona puede asignar inicialmente un “3” (en una escala de 1 a 4) a la afirmación “me ridiculizan frente a mis colegas”. Pero al describir la situación, se refiere a una escena en la que su jefatura arrojó al basurero del baño de la oficina un informe y la obligó a recoger dicho informe delante de sus colegas. Esa acción, lejos de una simple burla, constituye una experiencia profundamente vejatoria. Este es un caso real documentado en el contexto de procesos de denuncia.

Este ejemplo ilustra cómo la fuerza del relato resignifica lo que había sido silenciado. No es que las personas no recuerden lo que vivieron, sino que lo han normalizado. Es una forma de anestesia emocional que la cultura del trabajo ha impuesto.

El daño psíquico, a diferencia del físico, no deja huellas visibles, pero rompe desde adentro. Afecta la autoestima, fragmenta la identidad, erosiona la capacidad de confiar. Se manifiesta en insomnio, ansiedad, crisis de pánico, episodios depresivos, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno adaptativo mixto de origen laboral y, en los casos más extremos, ideación suicida o incluso la muerte.

Acompañar estos procesos implica escuchar el llanto contenido, las dudas paralizantes, el temor constante. Hay personas que reviven escenas de maltrato como si acabaran de ocurrir, que se desmayan producto de crisis nerviosas o que experimentan un profundo pánico ante la idea de volver al entorno laboral, incluso tras haber ganado un juicio. Esto ocurre debido a que la reparación legal no siempre alcanza a tocar el daño emocional que permanece.

Denunciar para existir

Iniciar un proceso de denuncia no es solo un acto jurídico. Para muchas víctimas, es una forma de volver a sentirse personas, de recuperar su dignidad. Lo que comienza con miedo, silencio y culpa puede transformarse, gradualmente, en un proceso de empoderamiento. La justicia no es solo un resultado judicial; también es una experiencia existencial.

La persona que denuncia no busca únicamente una resolución legal. En muchas ocasiones, su anhelo es sentir que su historia importa, que su dolor es válido, que alguien ve lo que otros negaron. Por ello, la justicia, en este contexto, se experimenta como una forma de volver a existir con dignidad, de volver a habitar el mundo sin sentirse fragmentada.

Este proceso no es lineal. La víctima suele atravesar fases de duda, miedo al estigma, temor a no ser creída o a ser catalogada como conflictiva, sobre todo en espacios laborales donde la denuncia es vista como una amenaza al statu quo.

La denuncia, en este sentido, no repara por sí sola. Pero abre una grieta en el silencio, y en esa grieta se cuela la posibilidad de recuperar algo esencial: el derecho a narrarse desde otro lugar. No como objeto de maltrato, sino como sujeto con historia, dignidad y voz.

Cuando una persona logra nombrar el maltrato, algo se transforma. Ponerle nombre a lo vivido permite resignificarlo, sacarlo del plano de lo soportado y llevarlo al plano de lo injusto. Eso tiene un valor profundamente reparador: rompe el pacto de silencio que perpetúa la violencia, y al hacerlo, desafía también la cultura que la normalizó.

La justicia, en estos casos, no se mide únicamente en fallos favorables o en sanciones institucionales. Se mide también en gestos simbólicos de validación, en la posibilidad de volver a dormir tranquila, en el llanto que se transforma en palabra, en el cuerpo que vuelve a sentirse digno.

Quizás sea esa la razón por la cual la justicia comienza no con la sanción, sino con el reconocimiento. Con que alguien escuche, vea, legitime. Con que las instituciones respondan. Con que se rompa la indiferencia.

Porque la violencia comienza con la negación del otro como persona.

Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
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