Por Américo Ibarra Lara. Director Observatorio en Política Pública del Territorio. Instituto Ambiente Construido. Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Universidad de Santiago de Chile
En un escenario político crispado y fuertemente influenciado por la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, las interpelaciones, denuncias judiciales, solicitudes de renuncia y de destitución de autoridades se han transformado en un tema recurrente, tan importante y destacado como la crónica roja de los medios de comunicación. En estos días, la figura y la gestión del gobernador Orrego es cuestionada por la oposición, quienes, de acuerdo con una investigación de la Contraloría, CGR, solicitan su destitución.
Ahora es el turno del Ministerio Público, cuya investigación en curso requiere de la premura necesaria para esclarecer y eventualmente sancionar lo denunciado. Sin embargo, al menos en el caso de la asesoría o coaching comunicacional contratado por el gobernador metropolitano y en el que -según los trascendidos de prensa- se trataron temas de coyuntura relacionados con el proceso eleccionario que vivía, sólo una reflexión básica y obvia: cualquier plan de negocio empresarial o cualquier planificación estratégica seria requiere de un análisis de contexto y evaluación de escenarios probables. Sin ello, los resultados de este tipo de estudios o asesorías carecerán de toda utilidad.
Dicho lo anterior, es evidente que las autoridades nacionales o regionales desempeñan un papel crucial en la gestión y desarrollo de sus territorios, ya que lideran y son responsables de implementar las políticas públicas, asignar recursos y responder a las necesidades de la población. Así en el caso de comprobarse su responsabilidad en casos de corrupción, mala gestión o incumplimiento de sus deberes, su destitución es la única alternativa viable.
Lo que no puede ocurrir, cómo tantas veces en el caso de acusaciones constitucionales, es que los fundamentos para utilizar este tipo de mecanismos no acompañen pruebas sólidas que permitan comprobar la ocurrencia de hechos ilícitos. Denunciar irregularidades de manera irresponsable para acaparar titulares buscando sólo una ventaja política, denostar injustamente a la víctima, pero socialmente también a sus autores, alimentando la percepción que la política y los políticos de poco sirven. Ese convencimiento social, todos los sabemos, implica serios riesgos para la democracia.
La fiscalización y solicitudes de investigación son herramientas necesarias, pero deben ser responsables y fundamentadas. Debemos asumir también que existen zonas grises en nuestra legislación y desidia de autoridades en el hacer bien su trabajo y ambas cosas resultan impresentables tal como las recientes investigaciones de la CGR que ha puesto al descubierto ineficiencias graves en materias de fiscalización administrativa y de control que han significado un golpe significativo al erario nacional. En simple, por ineficiencia o ineficacia son millones de dólares los que se han despilfarrado por no hacer bien la pega.
En muchos casos bastaba cruzar bases de datos disponibles o revisar planillas de Excel. La desidia en el ejercicio de cargos públicos como la irresponsabilidad en cualquier acusación pública son actitudes que todos debemos condenar enérgicamente. Bienvenida la fiscalización y la transparencia para lograr una administración pública más eficiente y honesta.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
